🤔 Hipocresía
Las guerras de Trump, elecciones en Honduras, más violencia en Haití, el dilema de Uruguay, y más,
La brecha entre lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice y lo que hace continúa ensanchándose, mientras el mundo apenas mira de reojo la tormenta que está desatando en América Latina.
Es que una sucesión de hechos esta semana ha dejado en claro que esta “guerra contra las drogas” parece no ser tan “contra las drogas”.
Veamos.
Cuando, en septiembre, Trump dio la orden de bombardear embarcaciones que aseguraba – sin mostrar pruebas– que transportaban drogas hacia Estados Unidos, dijo que estaban en guerra con lo que llama peligrosos “narco-terroristas”. Desde entonces, realizaron más de 20 bombardeos – el más reciente este jueves en el que murieron cuatro personas. En total, se estima que al menos 87 personas murieron en lo que organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las Naciones Unidas calificaron como ejecuciones extrajudiciales.
Una investigación del Washington Post el fin de semana denunció que en uno de los bombardeos el 2 de septiembre se ordenó un segundo ataque para matar a dos hombres que habían sobrevivido la primera ofensiva.
“La orden fue matar a todos,” dijo una de las fuentes al diario.
En respuesta, congresistas de ambos partidos pidieron una investigación sobre el incidente y el accionar del ministro de Defensa Pete Hegseth.
“Si los informes son ciertos, Pete Hegseth probablemente cometió un crimen de guerra cuando dio una orden ilegal que provocó la muerte de sobrevivientes incapacitados del ataque estadounidense en el Caribe”, dijo la senadora demócrata Jacky Rosen, miembro del Comité de Servicios Armados, en un comunicado.
“No puedo imaginar a nadie, sin importar la circunstancia, que crea que es apropiado matar a personas que se aferran a un bote en el agua”, dijo Michael Schmitt, exabogado de la Fuerza Aérea y profesor emérito en el Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos a la agencia AP. “Eso es claramente ilegal.”
Otros analistas dicen que el problema es más amplio. Explican que las “leyes de la guerra” no aplican a esta situación porque no es estrictamente un conflicto armado, sino un ataque unilateral contra organizaciones que la administración Trump definió a principios de año como “narco-terroristas” con base en Venezuela a las que acusa de inundar Estados Unidos con drogas ilícitas letales.
El lunes, Trump confirmó que habló con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una de esas organizaciones ilícitas (el Miami Herald reportó que le dio un ultimátum para abandonar el poder, y el país). El martes Trump dijo que ya preparan ataques por tierra, aunque todavía no dio más detalles.
Trump argumenta que su motivación es detener el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos (y no controlar las mayores reservas de petróleo del mundo). Pero el mensaje no cuadra.
En primer lugar, la administración Trump no ha brindado evidencia que muestre que las embarcaciones que ha bombardeado llevaban drogas ilícitas (aún si lo hicieran, bombardearlas no va a hacer nada para detener el narcotráfico).
Si Trump realmente quisiera detener uno de los negocios ilícitos más complejos y rentables del mundo, lo que intentaría hacer es interrogar a los pequeños traficantes para entender cómo funcionan los carteles, y recabar más información sobre quienes los lideran y financian. Justamente esto es lo que Estados Unidos hizo en el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue uno de los líderes del Cartel de Sinaloa quien ahora está preso en Estados Unidos. Matar a unos pescadores que, en el peor de los casos, están transportando unos kilos de droga, no va a cambiar nada y solo generará más violencia y sufrimiento, argumenta la analista Marta Peirano en esta columna para El País.
Por cierto, la familia de uno de los hombres ejecutados, Alejandro Carranza, 42, un pescador colombiano que fue identificado como una de las víctimas del ataque que se llevó a cabo el 15 de septiembre, presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como informó en exclusiva The Guardian.
En segundo lugar, el principal desafío que Estados Unidos enfrenta en cuanto a las drogas ilícitas, según concluyó su propia Agencia de Control de Drogas, es el fentanilo que entra por México. Solo el 8% de la cocaína que llega al país lo hace a través de lanchas desde el Caribe. Venezuela enfrenta una infinidad de problemas, incluido el brutal ataque del régimen de Maduro contra las voces disidentes, pero el rol del país en el mapa del narcotráfico está por detrás de otros países.
En tercer lugar, Trump dice que quiere detener el narcotráfico pero esta semana indultó a Juan Orlando Hernández, el ex presidente hondureño condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por recibir pagos para que traficantes pudieran mover toneladas de cocaína de Honduras a Estados Unidos– tras una investigación que se llevó adelante en la primera presidencia de Trump. Hernández dice que es inocente, aunque la evidencia en su contra es abrumante (este artículo de Héctor Silva Ávalos cuenta parte de la historia).
Como en el caso de los barcos, quienes murieron a causa de la violencia generada por el narcotráfico en Honduras van a seguir esperando justicia, dice Silva Ávalos, quien también escribió este gran artículo para Divergentes.
“Esta es una geopolítica de la brutalidad, una geopolítica imperial, donde las vidas humanas no importan, los objetivos no están claros y el único argumento es la fuerza. Hay una intención de ignorar la legalidad que no tiene consecuencias. Todo esto, sumado a la intromisión en procesos electorales, es algo que no recuerdo haber visto en América Latina hasta ahora”, explicó Silva Ávalos a Persiana Americana.
CÁPSULAS
🇭🇳 Cuestionamientos. El perdón político a Juan Orlando Hernández no fue lo único que Trump hizo sobre Honduras. La semana pasada el mandatario norteamericano brindó su apoyo público a Nasry Asfura, del Partido Nacional de Honduras (una agrupación de derecha y vinculada a Hernández) para las elecciones presidenciales que se celebraron el domingo. De hecho, Trump dijo que si Asfura no ganaba, recortaría la ayuda financiera de Estados Unidos a Honduras. ¿Qué pasó? Aunque los resultados finales no están completamente confirmados, Asfura lleva la delantera sobre Salvador Nasralla, el candidato de centro del Partido Liberal, quien denunció que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Rixi Moncada, la candidata oficialista exministra de Defensa, quedó en un lejano tercer lugar. Además de la controversia por los resultados, organizaciones sociales y periodistas han denunciado el contexto de hostigamiento, amenazas y autocensura que se vive en varias zonas del interior del país, como reportó el medio hondureño Contracorriente. ¿Qué sigue ahora? Analistas del medio Divergentes dicen que el problema que enfrenta la democracia en Honduras está lejos de ser resuelto. “Un cambio de presidente que no venga acompañado de garantías para la libertad de prensa y el desmantelamiento de los poderes fácticos locales corre el riesgo de ser solo un cambio de color político, mientras el silencio sigue gobernando en los territorios”, explicaron en este artículo.
🇺🇾 Método Bukele? Un comentario del presidente de Uruguay Yamandú Orsi esta semana echó fuego al debate sobre la estrategia de seguridad en el país. Consultado sobre el tema en un programa radial, Orsi dijo: “La seguridad es un tema del que hay que hablar. El ejemplo es Bukele. Es El Salvador. El ejemplo de un proceso” y aunque poco después aclaró, en otro programa, que “Aplicarlo en Uruguay es imposible. Es inaceptable.” el tema ya estaba instalado. Según una encuesta reciente de Equipos Consultores citada por Juan Manuel Karg de Cenital, la seguridad es la principal preocupación de la población en Uruguay, por encima del desempleo, la situación económica y la educación. Hay una explicación. Aunque Uruguay es uno de los países con menores tasas de violencia, factores como fronteras porosas y un sistema financiero laxo, entre otros, han facilitado la expansión de organizaciones criminales. En los últimos años, este avance se ha visibilizado en el aumento de incautaciones de sustancias ilícitas, el consumo problemático de drogas y la violencia – en septiembre, por ejemplo, la fiscal general Mónica Ferrero, sufrió un ataque a tiros y con granadas en su casa. En respuesta a estas nuevas dinámicas, Orsi, quien tomó posesión en marzo, está intentando construir un modelo de seguridad alternativo que aborde el crimen, pero dentro de las normas democráticas, reportó Nicolás Saldías en Americas Quarterly. De hecho, la administración ya está elaborando un Plan Nacional de Seguridad Pública que entrará en funcionamiento en marzo de 2026 y prevé medidas para luchar contra la criminalidad y abordar sus causas.
🇭🇹 Más Violencia. Un nuevo ataque a manos de bandas criminales en la región central de Haití el fin de semana resultó en más de una decena de personas muertas, cientos de casas incendiadas y una zona completamente paralizada, reportó la agencia AP. Los ataques fueron atribuidos a la banda criminal Gran Gif, una de las más violentas del país y responsable de la masacre de 100 personas en la zona en octubre de 2024. “Perder los dos departamentos más grandes del país —Oeste y Artibonito— es el mayor fracaso de seguridad en la historia haitiana moderna,” dijo un activista local a la agencia de noticias. Más de 16.000 personas murieron en Haití desde el año 2022 como consecuencia de la violencia generada principalmente por bandas armadas que controlan gran parte del país, según datos oficiales publicados por la agencia EFE.
LA CITA
“Simpatizo con los que han sufrido”
Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien fue uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, ahora preso en una cárcel de Estados Unidos. Lo dijo en un documental sobre su vida y la violencia en México. Mientras tanto, el martes, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, se declaró culpable de cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
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Otras lecturas que nos gustaron esta semana:
Explotando los prejuicios: Personas LGBTQI+ y grupos armados en Colombia (International Crisis Group)
Estados Unidos: Nuevas investigaciones revelan violaciones de derechos humanos en los centros de detención de “Alligator Alcatraz” y Krome, en Florida (Amnistía Internacional)
Mujeres privadas de libertad en Venezuela: “Esperaban en una especie de inactividad trastornada la posibilidad de una visita” (Ana María Arévalo Gosen, The Guardian)
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Josefina Salomón